La Coca no es como la Cuentan

Llevo casi 16 años recorriendo el campo colombiano y he aprendido a conocer y entender la figura del campesino cocalero. Entre fotos, crónicas, columnas y videos he ido profundizando mi conocimiento sobre un fenómeno que escapa al maniqueísmo ramplón con que se valora desde el establecimiento.

Es así como en 2017 comienzo a trabajar en parte de la producción de un documental, que hace parte de una investigación muy profunda y sesuda sobre la coca y la política de su representación.

La investigación se centró en buscar documentos históricos que dieran cuenta de las fumigaciones con glifosato en la Amazonía colombiana, más específicamente en el Caquetá, Guaviare y Putumayo. Estos documentos debían ayudar a entender puntos precisos de aspersión aérea del herbicida.

Los documentos estaban en algún punto entre los archivos estatales de Estados Unidos y los archivos de la Dirección Antinarcóticos de Colombia. La investigadora Hannah Meszaros Martin, una de las directoras de Plano Negativo y una de las mayores expertas en Arquitectura Forense en el mundo, me contactó para ayudarle a producir unas tomas de video en las zonas de la Amazonía ya mencionadas.

Lo que comenzó como un trabajo más entre otros que periódicamente tengo que realizar, se convirtió en un periplo muy interesante no solo por el territorio físico de la coca amazónica colombiana, también lo fue por los territorios imaginados y erróneamente proyectados por las fotografías satelitales usadas por UNODC para medir la cantidad de hectáreas sembradas con la planta.

El proyecto se alargó durante siete años, muchas veces frenado por falta de presupuesto, otras por la necesidad de compaginar agendas de trabajo con agendas de rodaje. Al final no podía imaginar la profundidad y al mismo tiempo sencillez de las capas conceptuales y geográficas con que se planteo la investigación.

La investigación toca varios temas necesarios para comprender la real de dimensión de la llamada Guerra contra las Drogas de la cual Colombia ha sido laboratorio.

Las fumigaciones con herbicidas para controlar cultivos declarados de uso ilícito fueron impuestas por los Estados Unidos en Colombia. Sin que hubiera mayor información sobre sus efectos a largo plazo grandes extensiones de tierra en las regiones selváticas de la Amazonía fueron asperjadas.

Hoy muchas de esas partes son potreros en los que solo crece pasto ya que la tierra quedó improductiva y la selva tampoco la reclama como propia. Los grandes beneficiados de esta potrerización han sido los ganaderos, sobre todo en el Guaviare. Lo que son pixeles en una foto tomada por un satélite, se convierte en un palimpsesto de violencias, abandono, memoria y dolor cuando las coordenadas en el papel se convierten en personas y territorio.

Por otra parte, la Oficina de las Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito se ha encargado históricamente de hacer una medición y un monitoreo de las hectáreas sembradas, presumiblemente con coca.

La investigación dejó claro que la metodología de esa agencia sobredimensionó los aumentos de hectáreas sembradas con la planta. Es así como la estrategia en lo que se denomina guerra contra las drogas ha estado basada en datos inexactos. Es tan grave la situación que esa misma agencia, hace unos meses, aceptó las falencias metodológicas mencionadas.

Así las cosas, puede empezar a entenderse el rompecabezas que supone la trama de intereses de las distintas agencias gubernamentales estadounidenses (DEA, FBI, Departamento de Estado, etc.), la UNODC, la Policía Antinarcóticos de Colombia, los fabricantes de herbicidas como el glifosato o el paraquat y las élites políticas colombianas, entre otros.

Este último actor es crítico y es algo de lo que la investigación no se ocupa, pero vale mencionarlo. Los distintos candidatos a la presidencia de Colombia se han apalancado en el tema de la lucha contra las drogas, toda vez que estas han sido las principales fuentes de financiación del conflicto armado interno que sufre el país actualmente. Pero no solo ha sido un asunto de interés electoral.

El año pasado, diferentes sectores de los poderes económicos nacionales y de los poderes políticos regionales y un sector del Congreso de la República, basados en las cifras de UNODC influyeron para que el gobierno de Estados Unidos considerara al presidente Gustavo Petro como un aliado del narcotráfico; hechos que derivaron la descertificación del país en materia de lucha cintra las drogas, negación de la visa estadounidense al mandatario colombiano y su inclusión en la llamada Lista Clinton en donde están personas sospechas de tener vínculos con los narcos.

Esto demuestra que la investigación liderada por la Doctora Meszaros es un inestimable documento para resignificar esa “guerra contra las drogas” y poder entender qué tanto de territorio, vidas, dignidad y verdad ha perdido Colombia en ese proceso.

Este es el enlace a la investigación.

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