Colombia es uno de los países más difíciles para hacer periodismo en el hemisferio. El comportamiento de la fuerza pública en los pasados tres meses de Paro Nacional lo confirma y pone de presente que no hay garantías para informar como no sea desde una cabina. Hostigamientos, insultos y mutilaciones han sido el saldo trágico en el país y en especial en Bogotá, donde a la administración local le conviene que no se informe sobre la brutalidad policial.
Las cifras son aterradoras y las acciones son escalofriantes. Los ataques contra la prensa ejercidos en el marco del paro nacional por parte de civiles y la policía han sido numerosos y además han ido en una progresión preocupante.
Desde el primer día de manifestaciones se comenzaron las agresiones en contra de los periodistas que salieron a cubrir el paro a partir del 28 de abril. Si bien hubo antecedentes que cobraron resonancia en el pasado, como el caso de Ana María García en 2012 en Bogotá o el de Esteban Vanegas en Medellín en 2014, lo sucedido en 2021 excede todos los cálculos más pesimistas. En tres meses de manifestaciones la FLIP pudo registrar más de 300 agresiones en todo el país y solo en Bogotá pasaron 80; la mayor parte causadas por la Policía Nacional y el Esmad. Es tal el grado de violencia que debemos salir a reportar con chalecos antibalas y cascos, frente a lo cual el Esmad ahora dispara las granadas lacrimógenas y aturdidoras directamente a las piernas, cámaras y genitales que se encuentran desprotegidos.
Debido a esta virulencia con que se ha comportado la fuerza pública, con un grupo de colegas con quienes hemos recibido entrenamiento para reaccionar en terrenos y situaciones hostiles decidimos crear una herramienta de monitoreo para colegas en varias ciudades del país. Esta decisión se tomó ante la casi nula capacidad que tienen las organizaciones de protección de periodistas de poder responder en tiempo real a las amenazas presentes en el terreno. Fue así como logramos conocer varios casos de colegas agredidos. Desde apuñalamientos en los glúteos hasta heridas permanentes causadas por el Esmad por el solo hecho de informar, ha sido el saldo de estos tres meses.
Buscando respuestas y apoyo institucional contactamos al Secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez después de que el fotorreportero de prensa internacional Andrés Cardona hubiera sido golpeado en la cabeza con la culata de una escopeta de gas lacrimógeno en el mes de junio. Ese mismo día una periodista de RCN Radio fue agredida y debido a los titulares y el ruido generado se anunciaron investigaciones.
A la reunión llevada a cabo en el despacho del secretario de gobierno se llevaron las cifras de más de 70 agredidos, hasta ese día. Lo sorprendente es que la Alcaldía de Bogotá solo tenía dos casos reportados. Se pidieron varias acciones tendientes a garantizar el ejercicio periodístico y entre ellas se estableció una mesa de trabajo con el Esmad el día 19 de julio.
La primera jornada de esa mesa se adelantó en un espacio en el que ningún policial podía hablar sin permiso de sus superiores. Una jornada de trabajo que fue una completa burla, ya que al día siguiente, 20 de julio, tuvimos más de 12 denuncias de ataques a periodistas solo en Bogotá. El cinismo del secretario Gómez fue descarado infiriendo que el problema radica en la "falta de educación de los policías rasos".
A pesar de ello quedamos a la espera de una nueva reunión. Sin embargo, el pasado 28 de julio, una semana después de esa jornada trágica un agente del Esmad disparó directamente contra Andrés Cardona quien resultó herido con una mutilación y la incapacidad de trabajar por un buen tiempo sin contar con que su seguridad personal está vulnerada. A esto ni Gómez ni la alcaldesa López han dado una sola respuesta excepto un tibio comunicado en el que recogen cifras convenientes y ponen en duda la veracidad de las denuncias recogidas por nosotros. Un comunicado que echa mano de la imposibilidad de denunciar, toda vez que los policiales, desde septiembre de 2020, tienen la costumbre de ocultar sus números de identificación. En el caso de la Fiscalia General de la Nación es más preocupante porque al interponer las denuncias esta entidad no entrega copia de las mismas, demoran el despacho para la atención de estas denuncias y las líneas de atención están cortadas. Es un sistema hecho para que la impunidad campee y para que los periodistas estemos desprotegidos.
Lo que queda claro desde los bochornosos episodios de las ruedas de prensa en donde la alcaldesa ridiculizaba a los periodistas que preguntaban lo que no le gustaba, hasta el mutismo ante la brutalidad policial es que para la Alcaldía Mayor de Bogotá y en especial para la alcaldesa y el secretario de gobierno, Luis Ernesto Gómez el oficio del periodista es impertinente, incómodo e indigno de ser defendido. Muchos colegas decidimos abstenernos de cubrir el paro nacional debido a que el Estado no da garantías para el ejercicio de nuestro oficio.
Urge que la fuerza pública entienda de una buena vez que el artículo 20 de la Constitución no es un adorno y que los periodistas no solo son los que los llaman a felicitarlos o abrirles los micrófonos sin cuestionarlos. Por el momento está claro que los reporteros no contamos con mecanismos de protección eficientes y que las organizaciones de defensa a la prensa no tienen capacidad de reacción en el terreno.
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